Por Juan Carlos Arboleda*
Recuerdo que los españoles calificaban a los enredos como el “follón”, lo cual nos trae la imagen de la clásica “violada” o “fornicada en vaca loca”. Traduciéndolo al criollo auténtico, aquí, le decimos el “verguero” o “mierdero”. Pues bien, eso es más o menos, lo que estamos viviendo por cuenta de la “nueva reforma a la justicia” que traía (¿o trae?), eso no se sabe aún, el veneno de la impunidad sobre los ex-funcionarios, la mayor parte de ellos, uribistas investigados.
La “bufonada” no puede ser más risible: el ejecutivo, esto es, el presidente con su ministro de justicia, alegan “inocencia por ignorancia” o el ya clásico, “todo fue a mis espaldas”. Deberían leer más tragedias: Edipo no pudo alegar ignorancia para salvarse de la fatalidad. Pero estamos en Colombia y aquí, eso de la responsabilidad no funciona. Las rasgaduras de vestidos y melodramas patéticos con gesticulaciones de “sorpresa”, “indignación” y “reclamo”, entre otros, no convencen a nadie. El dolo y la mala fe mancomunada son evidentes. Es más, la susodicha reforma era la “legalización” de dicho contubernio.
Lo único claro, hasta ahora, son las siguientes cosas:
Lo primero, que en efecto, como ya se había escrito sobre el tema en un número anterior de Con-Fabulación, el infierno de leyes es tal que no existe la más mínima seguridad jurídica de saber a qué atenerse, de saber qué es lo válido y lo inválido, lo legítimo y lo ilegítimo, para decidir en Derecho. El limbo jurídico ha dado para las opiniones de “expertos” y “tratadistas” más contrapuestas y contradictorias, en donde la hermenéutica o los textos legales, dan para todo.
Reitero, se puso en evidencia la total inseguridad jurídica de nuestro sistema legal. Y eso trae, como consecuencia visible, la inseguridad social.
Lo segundo: pagamos una fortuna de salarios por tener una manada de irresponsables e ignorantes. Aquí nadie sabe nada a pesar de que les pagan salarios de “expertos”. Claro, de pronto es mejor salir como “bruto” que como “delincuente”, al fin y al cabo, es la “moral” del “sagrado corazón”.
Y lo tercero: es evidente que el presidente Santos no es ningún “santo” y constituye un continuismo del neo-liberalismo. Existe todo un plan de contra-reforma a la Constitución del 91 a efectos que derogar el Estado Social de Derecho. Y eso que, todavía, falta la arremetida en contra de las Pensiones, me imagino, también, de “rango constitucional”; ojo, esa también de iniciativa del gobierno.
Yo creo que el movimiento ciudadano debe ir más a fondo y pedir la revocatoria del mandato con muerte política, de todos los congresistas que votaron a favor del proyecto. Esperemos que la enunciada “soberanía popular” del artículo 3º de nuestra Constitución Política, vaya más allá de ser un texto vacío y se haga sentir como lo que enuncia, la de ser la máxima potestad política y la de ser el "sujeto-consciente" de un estado republicano.
*Cantautor y abogado colombiano